Mientras la economía continúa derrumbándose por escrupuloso orden de aparición (primero fueron los pisos, luego los créditos y las hipotecas, más tarde el paro, la industria y lo último el turismo), algunos negocios y negociantes siguen impertérritos como en los mejores tiempos haciendo frente a la crisis, a la recesión y, cómo no, a la deflación de precios. ¿Creían ustedes que la-grave-situación-económica-que-atravesamos había acabado con —o al menos detenido— la especulación del suelo, los buenos negocios a costa de ello y el dinero de todos de por medio? Pregunten a algunos empresarios locales —como Agricultores de la Vega, Secopsa, Luján, Sufi e incluso Cyes— especializados en la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU), más conocidos por basura, o al presidente de la Diputación de Valencia y alguna de sus empresas públicas, así como a un empresario de los tiempos de la burbuja inmobiliaria, desaparecido en combate pero ahora resucitado a cuenta de unos metros cuadrados de nada a precio de oro.La historia comienza como todas las relacionadas con las plantas de tratamiento de RSU y los vertederos de basuras: con varias empresas dispuestas a participar en un siempre lucroso concurso público para la gestión medioambiental de una de estas instalaciones, pero que de salida se dan de bruces con el rechazo de ciudadanos, ayuntamientos y munícipes que se niegan a acepar una instalación semejante en su término municipal. Una situación que habitualmente da lugar a extrañas alianzas y concatenaciones, así como no menos extraños comportamientos de los responsables de adjudicar los correspondientes concursos públicos. Algo así está ocurriendo con el denominado Plan Zonal de Residuos de las zonas X, XI y XII, correspondientes al término municipal de Xátiva y su entorno, cuyo consorcio convocó a principios de año un concurso de proyectos de gestión para la citada zona. Al concurso asistió el equipo habitual de empresas especializadas, que acostumbran efectuar todo tipo de combinaciones en uniones temporales de empresa (UTE) en función de las características del concurso. Para el de Xátiva dieron un paso al frente Urbaser (la ACS de Florentino Pérez), FCC-Dimesa (Koplowitz-Luján), en tercer lugar Sufi-Cyes (Abelló y Almenar), y finalmente la UTE Sociedad Agricultores de la Vega (SAV), con Secopsa (Prieto) y la catalana Comsa. El problema previo a estos concursos es detectar suelo adecuado para aportarlo al proyecto, un suelo que posteriormente, si se gana el concurso, será expropiado por el Consorcio (forman parte de éste ayuntamientos, diputaciones y Generalitat). Después de buscar y rebuscar por la zona un suelo apropiado para la planta y de recibir el rechazo de varios municipios, apareció lo que en principio podría ser una solución adecuada para cualquiera de ellos que fuera capaz de pujar más y llevarse el gato al agua. Una hasta entonces desconocida firma denominada Gains Tax ofrecía la solución al presentar a los concursantes una parcela de suelo ideal de 80.000 metros cuadrados que representaba el 30% de una parcela superior cuya extensión se ajusta al uso pretendido, es decir, para la planta de gestión y el vertedero adjunto.Problema resuelto. Aparentemente. La sorpresa de los concursantes sería mayúscula en una doble ración. Primero, por el precio y luego por la personalidad del vendedor. El primero ascendía a... ¡50 millones de euros! cifra calificada de muy elevada por los actores del concurso teniendo en cuenta que sólo se trata del 30% de la parcela y que el 70 restante está en manos de otros propietarios que a su vez no querrán vender por debajo de ese precio si al final alguien lo paga. Uno a uno, los concursantes fueron rechazando educadamente la oferta hasta que uno de ellos, seguramente el más poderoso, FCC, aceptó el trato y se comprometió a pagar los 50 millones a razón de 8 euros por tonelada de basura tratada. Y hasta ahí hemos llegado. La UTE SAV-Secopsa-Comsa presentó ante el consorcio el pasado 16 de junio un extenso escrito de alegaciones en las que señala una serie de supuestas infracciones e irregularidades de sus competidores, especialmente de FCC. «Se ha detectado la participación de Girsa [firma con mayoría del capital en manos de la Diputación de Valencia, presidida por el alcalde de Xátiva, Alfonso Rus, y con vocal propio en la mesa de contratación] en la elaboración de la oferta de FCC-Dimesa, así como en la ejecución de la propia concesión», señalando a continuación una serie de hechos que apoyarían dicha relación entre Girsa (Diputación) y FCC. Más adelante aparece otra alegación en la que se señala textualmente que «la firma del acuerdo de colaboración con Gains Tax perjudica en gran manera al Consorcio, tanto por el precio que debe soportar como por la posterior expropiación» entre otras duras acusaciones.Todo lo cual no tendría consideración de noticia ni merecería comentario especial —este tipo de escaramuzas son, por lo visto, normales en estos concursos y tal vez por ello la Comunitat carezca de plantas de reciclaje en número suficiente— si no fuera por la singular identidad del que los concursantes consideran propietario del suelo de los 50 millones: Fernando Gallego, consejero delegado de Llanera, el hombre que susurraba a los ladrillos y que un día soñó con levantar el nuevo estadio Mestalla... hasta que despertó de golpe en un juzgado presentando concurso de acreedores y en cuyo despacho de la calle Colón se han desarrollado buena parte de las negociaciones. Del caso se desprenden aún algunos flecos más, pero los dejamos para otro día.
levante-emv.cruz sierra
